
La defensa de los derechos humanos y la lucha por la conservación de la Amazonía
han producido en las últimas décadas decenas de mártires, religiosos y laicos,
que no se callaron ante las amenazas.
Ahora, tres
obispos de origen europeo que eligieron vivir su misión en tierras brasileñas
sufren amenazas de muerte. Son Erwin Kräutler, de la Prelatura de Xingu y
presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI); José Luis Azcona, de
la Prelatura de Marajó; y Flavio Giovenale, de la Diócesis de Abaetetuba.
Todos viven en Pará, estado amazónico que registra los más graves actos de
ilegalidad de todo Brasil.
Los tres están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos, y, dicen,
no se van a mover ni un milímetro en su acción pastoral. Representan a la
Iglesia que camina con los excluidos del sistema económico. En la Asamblea
celebrada a principios de abril, la Conferencia Nacional de los Obispos de
Brasil (CNBB) divulgó una nota de solidaridad con ellos donde exigen de las
autoridades “investigaciones serias y protección para los amenazados”, y
denuncia tales amenazas de muerte a Amnistía Internacional.
Las amenazas en esa región “sin ley” del país ya han sido consumadas en más de
una ocasión. Por ejemplo, con la religiosa estadounidense Dorothy Stang,
asesinada de seis disparos en febrero de 2005 por su lucha contra los
empresarios madereros ilegales de la región. Son tan serias y continuadas las
amenazas en Pará que se ha creado un Programa de Protección a Defensores de los
Derechos Humanos, que ya ha atendido a casi un centenar de personas amenazadas
de muerte, de las que nueve cuentan con protección policial, entre ellas, el
propio Obispo Kräutler y Frey Henri des Roziers, de la Comisión Pastoral
de la Tierra (CPT).
De origen austriaco aunque nacionalizado brasileño, Monseñor Kräutler tiene 67
años, de los que lleva 41 en Pará. Conoce bien los conflictos de la región y los
peligros de luchar contra los poderosos de la Amazonía. En 1987, en la autovía
Transamazónica, su coche fue “arrollado” por un camión. El cura que iba a su
lado falleció. Él estuvo seis meses hospitalizado. “Matamos al hombre
equivocado”, dijo luego uno de los ocupantes del camión.
Ahora vuelve a estar en el punto de mira por su movilización contra la
construcción de una hidroeléctrica, aunque son varias las causas que defiende:
lucha contra la devastación de la selva, contra la prostitución infantil, contra
el trabajo esclavo, por los derechos de los indígenas y de los campesinos, y por
la prisión de los instigadores del asesinato de la Hna. Dorothy Stang. Además,
suele hablar de las conexiones entre el poder político local y las actividades
ilegales. Explica que las últimas amenazas de muerte se produjeron después de
denunciar a criminales que promueven la prostitución infantil.
El obispo italiano Flavio Giovenale, por su parte, ha recibido amenazas tras
denunciar la prisión de una adolescente violada durante 25 días por los 20
hombres con quienes compartía celda. Este Salesiano cree que los policías
corruptos son los autores de las amenazas. La gobernadora de Pará ha anunciado
el traslado de los agentes implicados en el escándalo. “En enero mataron a una
persona y me telefonearon diciendo que yo sería el próximo. Luego empecé a ser
protegido por la policía”, dice Giovenale. Dos consejeras tutelares de la
infancia, que actuaron junto al obispo, también recibieron amenazas. “Temo por
ellas, que son también catequistas. El obispo es una autoridad, y ellos tienen
que pensarlo bien antes de hacer algo”, opina el religioso.
En el archipiélago de Marajó, también territorio paraense, la voz profética que
se escucha es la del español José Luis Azcona. También bajo amenazas, el
Agustino Recoleto volvió a denunciar el 14 de abril los graves casos de
violación de los derechos humanos, de explotación sexual y tráfico humano.
“Adolescentes y mujeres de la isla son víctimas de una red de tráfico
internacional de personas que son llevadas para prostituirse en Europa”, explica
el obispo. “Aunque sepa lo que pasa, el Gobierno del Estado todavía no ha hecho
nada, y la justicia está pasiva. Pará vive en estado de ingobernabilidad, omiso
frente a la explotación sexual infantil y con una fuerte presencia del
narcotráfico”. Preguntado sobre las amenazas de muerte, el obispo lo tiene
claro: “Estoy en las manos de Dios”.
Graziela Cruz-
Corresponsal de ‘Vida Nueva’ en Brasil.