La falta de transparencia del Gobierno impide vigilar la pandemia
Presentamos a nuestros lectores un extracto del valioso reportaje especializado de las periodistas Paulette Desormeaux y Catalina Gaete.
Los reportes oficiales del Gobierno chileno no incluyen datos consistentes en áreas críticas para comprender la estrategia del país frente a la pandemia de COVID-19. No se especifica la cantidad de exámenes diarios, ni se da la información de localización de casos de contagio que necesita la comunidad científica para hacer proyecciones que permitan tomar decisiones. La falta de transparencia impide medir el impacto que tendrá la enfermedad que llegó a un país con un sistema de salud saturado y un estallido social en las calles.
¿Qué pasa si el virus muta y se pone -perdón que use la palabra- buena persona?”, se preguntó el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, durante una entrevista televisiva cuando se le pidió explicar la indecisión del presidente Sebastián Piñera para decretar la cuarentena obligatoria en todo el país y frenar así el avance del coronavirus. Era el viernes 20 de marzo y sus palabras solo generaron confusión y desconfianza sobre si la principal autoridad sanitaria manejaba información fiable para enfrentar la pandemia que tiene al mundo paralizado.
Cuatro días antes, el lunes 16 de marzo, el Gobierno había anunciado que Chile entraba en Fase 4 en la expansión del virus que causa COVID-19, porque ya no era posible identificar las cadenas de transmisión o cómo se habían contagiado las personas: la dispersión era comunitaria. Los chilenos ya vivían en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe desde el sábado, pero la falta de información clara despertaba preocupación en distintos sectores políticos y sociales sobre la situación real del país. ¿Eran suficientes las medidas que se tomaban?
Cuando se deberían haber dado explicaciones detalladas, el reporte del Ministerio de Salud (Minsal) sobre la situación epidemiológica de Chile fue un resumen ejecutivo de una página donde se anunciaba que había 434 casos confirmados en 15 regiones de Chile. Según esos datos, 304 estaban en la Región Metropolitana.
Alarmados por el número de contagios, que mostraba coincidencias en la evolución de la pandemia en España, varios alcaldes presionaron para que el gobierno del presidente Piñera dictara una medida de cuarentena total en todo el territorio. “Lo que se está diciendo es absurdo. Es una medida desproporcionada”, argumentó el ministro Mañalich.
Su justificación aludía al daño que una cuarentena total podría traer en el funcionamiento del país, y recalcó que desde ese día se cerraban indefinidamente los cines, restaurantes, bares, puertos y aeropuertos; que habrían aduanas y barreras sanitarias en algunas regiones e incluso localidades con cuarentena parcial.
“Estamos preparados para el peor escenario”, aseguró en la misma entrevista televisiva que dejó confundidos a muchos chilenos. “¿Cuál es el peor escenario, Ministro?”, preguntó el periodista. “No, no voy a dar datos precisos”, respondió.
El sábado 21 de marzo, un día después de que el ministro Mañalich sugiriera que el virus podría volverse “buena persona”, murió el primer paciente con coronavirus. El comité asesor COVID-19, que apoya al Gobierno, dejó constancia en su minuta de ese día lo siguiente: “Falta mayor claridad en todo el proceso de toma de exámenes, en los laboratorios habilitados en funciones y sus capacidades, en el plan de implementación de laboratorios en cada una de las regiones del país. Lo anterior es clave para asegurar razonablemente que se puede hacer una pesquisa oportuna de casos a nivel nacional”.
En esa sesión estuvieron la subsecretaria de Salud Pública y el subsecretario de Redes Asistenciales. Dentro de los acuerdos que tomó el comité estuvo “mejorar la oportunidad y calidad del informe epidemiológico diario, que incluya curva epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, edad, sexo, región y comuna de residencia, la condición de caso importado o secundario, la presencia de comorbilidades. Reportar la proporción de casos aislados en recintos, número de personas en cuarentenas (acumulado y diario porque irán saliendo de esa condición), proporción de casos nuevos que se originan de la población en cuarentena y trabajadores de la salud infectados por labores asistenciales”.
Se acordó también “transparentar toda la información a través de la página web (…) para que los académicos chilenos y extranjeros puedan modelar y analizar las tendencias”, “fijar horarios de elaboración y entrega de informes diarios” y “presentar el modelo de la epidemia del Minsal y mantenerlo actualizado, buscando la evidencia de efecto de las medidas en el lapso esperado”. Pero han pasado 29 días desde el primer caso de COVID-19 confirmado en el país, 2.738 personas han sido diagnosticadas como positivas al nuevo coronavirus, y la baja disponibilidad de información oficial es un problema que continúa hasta la fecha.
El virus que causa Covid-19 llegó a Chile en medio de una profunda transformación social que estalló en octubre del año pasado y que empujó fuertemente por un cambio de Constitución que asegurara reformas sustanciales. El manejo que el Gobierno hizo de esa revolución, la fuerte represión, y abusos a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y orden, dejaron al Presidente Piñera con una aprobación del 6% en enero de este año, un mínimo histórico para un jefe de Estado desde el retorno de la democracia en 1990. En medio de la crisis sanitaria por el avance del Covid-19, la aprobación del mandatario chileno subió a un 21%, según la última encuesta Cadem. Pero la crisis de confianza en la autoridad continúa. La desaprobación a la gestión del presidente Piñera fue de un 68% y la de su gabinete, de un 73%.
El doctor Cuadrado, secretario de Salud Pública del Colegio Médico, lo dice con claridad: “Para todos los gobiernos que tienen poca legitimidad, poca aprobación pública, enfrentar una crisis sanitaria es un desafío, y probablemente una de las formas que podría ayudarles a enfrentarla de manera adecuada, es una transparencia y una forma de comunicar y relacionarse con la ciudadanía que permita establecer un vínculo en términos distintos de lo que se ha visto hasta ahora, y eso no se ha visto en el Gobierno de Chile”.
Salud con Lupa – Santiago de Chile
