Los silencios del General Director
Esta semana se conocieron diversos extractos de la declaración a los fiscales que entregó el General Director de Carabineros de Chile, en el marco de la crisis de del estallido social.
Crisis marcada por violaciones de derechos humanos reconocidas en el país y el extranjero, por el uso sistemático de agua con químicos, balines/perdigones y violencia desmedida en cientos de casos registrados por las autoridades competentes y la prensa. En resumen, el General Director no sabe mucho, desconoce la mayoría de temas, pero presenta un importante espíritu colaborar constantemente expresando que enviará la información relevante.
Bueno, no todos pueden saberlo todo ¿cierto? ¿Será mucho pedir que el jefe de la policía uniformada no se enteré por la prensa de tareas que son específicas, definiciones tácticas y estratégicas de posiblemente la coyuntura más compleja que el país ha enfrentado en términos de conflictividad social? No. No es mucho, en realidad es lo mínimo especialmente en el caso de Carabineros que tiene una organización especialmente jerárquica y centralizada.
Las funciones del General Director definidas en la Ley Orgánica institucional son muy diversas (Art. 52):
- Propone la designación del Alto Mando
- Propone la organización y distribución de medios humanos y materiales de la institución
- Formula la doctrina
- Propone el presupuesto
- Celebra los contratos y convenciones que considere pertinentes y contra los servicios que le parezcan apropiados
- Aprueba la administración del armamento
- Aprueba todos los documentos oficiales así como los textos de estudio de los planteles institucionales
- Propone edecanes y agregados internacionales
- Propone al auditor y a los miembros de la corte marcial institucional
- Autoriza los viajes y propone los servicios al extranjero
- Define la inversión de fondos institucionales
Más allá de estas funciones centrales, prácticamente todas las decisiones institucionales tienen como último espacio de decisión al General Director, que resuelve los pedidos de invalidez (Art, 64) o la firma de convenios con instituciones públicas o privadas para desarrollo profesional (Art. 20).
El principal problema que debemos reconocer es que cuando se dice “propone” o “sugiere” en realidad desde 1990 en adelante se ha leído como “hace” y “decide” dado que el Ministerio de Defensa y luego el Ministerio de Interior y Seguridad Pública no han logrado consolidar los espacios de gobierno efectivo de la institución que permitan tomar decisiones más allá de la información institucional. Por eso el aumento sostenido de dotación y presupuesto, así como la definición de agregadurías internacionales e incluso la distribución de la dotación policial. Por años los detalles de las acciones policiales, el gasto presupuestal, los convenios, las contrataciones de civiles, las decisiones del hospital, las recontrataciones de oficiales, entre otros miles de procedimientos, eran firmadas de forma ritual por encargados civiles que confiaron ciegamente en la palabra institucional.
Las “no-declaraciones” del General traen una vez más al centro del debate la necesaria reforma del sistema de seguridad, una donde se debe enfrentar la transformación del Ministerio del Interior para sacar musculo para decidir, definir, diseñar e implementar más que solo afirmar y firmar las propuestas policiales. Las propuestas de transformación de Carabineros las hemos presentado en otras columnas, solo enfatizar que una comisión de funcionarios políticos no es suficiente para enfrentar la real dimensión del problema. Tampoco un grupo de expertos que no incluya carabineros (oficiales y suboficiales) como parte permanente de las definiciones de futuro.
Lucía Dammert / Socióloga – Dra. en Ciencias Políticas
Entrepiso – Reflexión y Liberación
