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Esperando que se reconozca la crisis de derechos humanos 

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El informe de Amnistía Internacional apunta a algo que los demás informes no han señalado con ese nivel de detalle: la existencia de responsabilidad de mando.

A casi un mes del lanzamiento de nuestro informe ‘Ojos sobre Chile’, hemos sostenido reuniones con diversas instituciones del Estado y organismos internacionales para abordar las principales conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, de parte del gobierno, hasta ahora solo hemos tenido noticias a través de medios de comunicación. La primera reacción de un personero de gobierno respecto al informe se produjo horas después de que lo presentamos. El entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, señaló ante la pregunta de la prensa que, aunque no había leído el informe, le parecía “sesgado” y que a su juicio no tenía fundamento.

Mala manera de empezar para solucionar la mayor crisis de derechos humanos desde la dictadura. El informe que presentamos el pasado 14 de octubre, da cuenta de la existencia de violaciones generalizadas al derecho a la integridad personal ocurridas en el país a partir de octubre de 2019, y presenta evidencia de responsabilidad de mando hasta el más alto nivel de Carabineros. Una de las principales recomendaciones del informe es la necesidad de que exista un reconocimiento de parte de las autoridades de la gravedad de lo sucedido, y que se aborde como la crisis de derechos humanos que es, no como “hechos aislados”.

Luego vino una reacción más elaborada: el 15 de octubre, el Ministerio de Justicia publicó una respuesta al informe de Amnistía Internacional en su página web. Si bien comienza señalando que se analizará el informe en su mérito, como lo ha hecho con los de otras organizaciones internacionales, luego pasa a señalar una serie de críticas al mismo. Estas críticas pueden agruparse en cuatro categorías.

La primera es negar las conclusiones: la información del informe, dicen, estaría desactualizada, no habría existido unapráctica ni una política de violaciones de derechos humanos, y el informe se referiría a asuntos que se están investigando en la justicia. Los dos primeros cuestionamientos son simples de aclarar: el informe señala expresamente que por motivos metodológicos cubre el periodo del 18 de octubre al 30 de noviembre, y se actualizó la información de los casos y otros datos al 30 de agosto. El mismo reporte da cuenta detallada de la información que permite afirmar la existencia de un patrón o modus operandi que se repitió por semanas en múltiples lugares de Chile, que es difícil de explicar sin que exista a lo menos una práctica y una omisión de prevenir en toda la línea de mando.

Más grave es que se critique el informe porque aborda asuntos que aún están siendo investigados por la justicia, sugiriendo, por tanto, que esto es suficiente y no habría más que decir, o incluso este hecho impediría decir algo. Debe aclararse primero que esto es justamente uno de los puntos que se recomienda en el informe: que se haga justicia para todas las víctimas y que, para conseguir aquello, se debe incluir en la investigación a toda la línea de mando.

Por otra parte, la determinación de responsabilidades penales de personas específicas es diferente de la constatación de existencia de violaciones de derechos humanos. El juicio penal permite determinar responsabilidades penales, sin embargo, es importante aclarar que no se requiere que este cuente con sentencia firme para todas y cada una de las víctimas, para demostrar que ocurrieron las violaciones de derechos humanos. Esto último, conlleva responsabilidades estatales, como la necesidad de asegurar reparación y adopción de garantías de no repetición. Estas son cosas diferentes, y por lo mismo se reflejan separadamente en nuestras recomendaciones.

Entendiendo el contexto difícil en el que operó carabineros, concluimos que en ningún caso puede justificar las violaciones de derechos humanos constatadas, pues revelan un uso desproporcionado de la fuerza policial. Lo contrario sería sostener que la comisión de violaciones de derechos humanos es un “mal necesario” para poder controlar el orden público, lo cual es derechamente inaceptable.

La tercera categoría que mencionan, es dar una larga lista de medidas que el gobierno ha hecho y que considera que debieron ser valoradas como avance en el marco del informe. Las medidas adoptadas no impidieron que lo que se constata en el informe haya ocurrido, lo cual muestra que llegaron tarde y/o que no fueron efectivas. Más aún, hasta el día de hoy seguimos constatando la existencia de uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, con implementos diferentes, pero con efectos igualmente graves. No podemos valorar medidas que “podrían” servir, sin antes ver los efectos reales en terreno.

Y finalmente, según el gobierno las recomendaciones del informe de Amnistía Internacional serían “acotadas” y argumentan ya han sido dadas anteriormente por otras organizaciones. Por supuesto que hay puntos coincidentes. De hecho, muchas recomendaciones ya las hicimos en noviembre de 2019, y ni siquiera fueron consideradas por el gobierno en su mesa de trabajo para implementación de recomendaciones ni en su informe de avance. Ahora, si estas son coincidentes con las de otras organizaciones o instituciones, no es casualidad: es porque todas las organizaciones, haciendo análisis separados, llegamos a conclusiones similares acerca de la gravedad de lo ocurrido y la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional apunta a algo que los demás informes no han señalado con ese nivel de detalle: la existencia de responsabilidad de mando. El informe muestra que, en una institución altamente jerarquizada como carabineros, existe evidencia clara, proveniente de fuentes oficiales, que muestra que los altos mandos, tanto operativos como estratégicos, sabían el detalle de lo que estaba ocurriendo en terreno, pese a lo cual omitieron su deber de adoptar medidas para evitar que siguiera ocurriendo. Esto se evidencia de los diferentes métodos de comunicaciones internas, seguimiento a las operaciones, instrucciones verbales y escritas, así como de los procedimientos de sanción y sumarios administrativos internos.

Ojalá el gobierno lea con detención las más de 100 páginas que contiene el informe “Ojos sobre Chile”. Ojalá el nuevo ministro del Interior se tome el tiempo de revisarlo. Ojalá esto ayude a que, de una vez por todas, el gobierno deje de tratar esto como un asunto puntual de algunos casos que deben ser vistos por la justicia, y entienda que la respuesta es mucho más compleja que eso, reconociéndolo y abordándolo como lo que fue y sigue siendo: la más grave crisis de derechos humanos que ha vivido Chile desde el fin de la dictadura.

Ana Piquer

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

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