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Manifiesto del VII Encuentro de Redes Cristianas 

Redes-cristianas

Durante los días 23 y 24 de octubre hemos celebrado telemáticamente el VII Encuentro estatal de Redes Cristianas, en el que hemos reflexionado sobre nuestro compromiso social en esta situación de post-pandemia y también sobre la reforma de la iglesia.  En ambos casos, para contribuir a un cambio real que mejore la calidad de vida de las personas y colectivos más afectados por la crisis sanitaria y socioeconómica producida y sitúe a la comunidad de creyentes en el nivel más idóneo para implicarse en la transformación social y en la construcción de un nuevo modelo económico que respete la naturaleza y ponga la vida en el centro para corregir la deriva del sistema capitalista; un modelo que genera desigualdad y pobreza y que destruye el planeta, imponiendo un futuro inhumano y catastrófico.

En tal sentido, manifestamos:

Entendemos que el respeto a la naturaleza y el cuidado de la tierra son elementos básicos para afrontar, aunque sea con retraso, una nueva época, donde la lucha contra el cambio climático y a favor de la biodiversidad supongan un horizonte irrenunciable para construir una nueva realidad planetaria, que proteja a una humanidad frágil, como la que la pandemia nos ha mostrado en su más duro rostro.

Consideramos que los poderes públicos, pero también las demás instancias sociales, deben adquirir un compromiso firme de corregir los abusos del sistema económico capitalista dominante, que dañan el medio ambiente y explotan a las personas. Para ello, resulta fundamental que las mayorías sociales se empoderen y gocen de la capacidad suficiente para incidir en las políticas reales con su presión y su iniciativa ciudadana democrática, que sirva de contrapeso a los poderes fácticos, que rehúyen todo control público y popular.

Pensamos que la dolorosa experiencia de la pandemia, con una pérdida de vidas humanas descomunal, especialmente en colectivos más vulnerables como las personas mayores en residencias, nos indica con toda rotundidad que la existencia de una sanidad pública bien dotada y eficiente constituye una necesidad básica para garantizar una atención de calidad, humanizada y competente, para asumir un reto tan colosal como el de la Covid-19.

Creemos que, frente a la desigualdad y la pobreza existentes, incluso en nuestro primer mundo, es imprescindible un criterio de solidaridad radical que influya en las políticas y en las relaciones sociales y humanas, no con un concepto asistencial solamente, sino como impulso de propuestas materiales que transformen los proyectos sociales hasta promover un cambio de modelo basado en los derechos humanos y en la justicia social. En este tema, nos adherimos con todo entusiasmo al discurso social del Papa Francisco, que acaba de reclamar un salario universal para asegurar una vida digna a todas las poblaciones, extremo que conecta plenamente con nuestra opción por una Renta Básica Universal o, en su caso, cualquier instrumento efectivo que garantice el derecho a la subsistencia de todos los seres humanos, por encima de cualquier condición.

Apoyamos la transformación social hacia un nuevo sistema económico, pues ninguna medida paliativa será suficiente si no cambia la raíz del sistema, si bien no renunciamos a cambios paulatinos si hacen viables los objetivos sociales más anhelados como el acceso a un empleo digno, a una vivienda adecuada, a unos servicios públicos solventes, a una educación de calidad para toda la población, etc. Además, exigimos unas políticas migratorias inclusivas y de respeto a la dignidad humana, así como la acogida a asilados y refugiados en condiciones humanitarias apropiadas a su situación de carencia.

Percibimos el papel relevante de las mujeres en ese cambio social al que aspiramos. Su empoderamiento nos conduce a un cambio de paradigma esencial. Estamos seguros además que su creciente liderazgo contribuirá a otro estado de cosas, donde los cuidados se conviertan en la medida fundamental del quehacer colectivo, facilitando una valoración objetiva de su transcendencia social y económica. Solo desde la articulación de un sistema de cuidados potente, con su contingente de empleo y su dotación de medios, comportará un verdadero torpedo al neoliberalismo reinante, para que más pronto que tarde venzamos en común la lacra que también Francisco ha denunciado: “El neoliberalismo mata”.

Intuimos que también el movimiento de mujeres va a ser clave en la renovación profunda de la Iglesia, a pesar de que, en esta materia, la evolución de la institución está siendo inexplicablemente lenta y gravemente discriminatoria. Pero sin duda nuestras comunidades y grupos de cristianos y cristianas de base pueden dar un testimonio estratégico para explorar ese giro imprescindible para que la intercomunicación con la sociedad actual sea coherente y constructiva. No podemos comprender cómo la Iglesia va abriendo camino de esperanza en materias como el medio ambiente o la justicia social y, en cambio, cierra a las mujeres todas las puertas para la igualdad y para el respeto de sus derechos fundamentales.

Rechazamos con toda energía la trayectoria delictiva de tantos religiosos y sacerdotes incursos en delitos de pederastia. Somos conscientes de la enorme permisividad y encubrimiento que muchas autoridades eclesiásticas han practicado al respecto. Especialmente, afirmamos que la Iglesia católica española ha dado pruebas de una desidia intolerable en esta materia, que el Vaticano debe corregir de inmediato o que incluso la autoridad civil debe esclarecer con todas las consecuencias.

Estamos avergonzados como miembros de la Iglesia española del fenómeno de las inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos. Estimamos que es un verdadero atraco a los bienes comunes y al mismo Estado y exigimos una urgente y eficaz intervención del Gobierno para defender y devolver al pueblo lo que es de toda la ciudadanía. Desde aquí, hacemos un llamado a la propia jerarquía católica española para que rectifique con prontitud y transparencia y devuelva al Estado los bienes histórico-culturales inmatriculados y subsane esta grave desviación jurídica y moral, contraria a toda ejemplaridad cristiana y ética. En todo caso, dada la gravedad de este asunto, nos proponemos convocar un Encuentro o Asamblea General durante el 2022 abierta a todos los movimientos, comunidades y grupos de base de la Iglesia de nuestro país, para abordar tanto el tema de las inmatriculaciones como otros de singular interés para empujar el cambio en las estructuras eclesiásticas (la autofinanciación, por ejemplo), hacia una comunidad de creyentes libre y comprometida con su pueblo.

10º Nos alegramos del proceso sinodal iniciado por Francisco en estos días y hemos decidido como Redes Cristianas hacer llegar a la Secretaría de Sínodo nuestra propuesta de “una Iglesia posible”, fraguada en más de medio siglo de experiencia.

Madrid 24 de octubre de 2021

 

 

 

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