El complicado arranque de Gabriel Boric
Las altas expectativas de la ciudadanía, el complejo escenario económico y el agitado panorama internacional son factores que han opacado los aciertos que ha tenido la administración del nuevo presidente.
El 4 de mayo fue clave para el gobierno de Gabriel Boric, instalado en La Moneda desde hace ya casi dos meses: ese día, cuatro de los proyectos emblemáticos del arranque de la administración fueron visados por un Congreso fragmentado que había sido difícil de alinear. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó el alza del salario mínimo en 60 dólares, diferentes comisiones ratificaron el Acuerdo de Escazú ‒tratado ambiental que no fue suscrito por Sebastián Piñera y que Boric impulsó en sus primeros días en el cargo‒, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que aumenta los recursos para estabilizar el precio del querosén en el inicio de la temporada fría y también ratificó el nombramiento de Rodrigo Cid en Televisión Nacional de Chile, permitiendo que por primera vez el canal tenga en su directorio a un periodista con larga trayectoria laboral en la cadena pública.
Por la magnitud de los proyectos, por lo inédito y contundente del apoyo alcanzado en el Congreso y por el simple hecho de la coincidencia temporal ‒cuatro proyectos emblemáticos en una misma jornada‒, los equipos de prensa de la administración Boric esperaban que, esta vez, los diarios les dieran un reconocimiento.
Pero las portadas del día siguiente traían otra cosa: en El Mercurio, el título principal fue que el pleno de la Convención Constitucional había aprobado “que pueblos originarios tengan derecho ‘a sus tierras’ y a recursos que se encuentran en ellas”, y la segunda nota destacada fue una encuesta que afirmaba que “59% prefiere que comité de expertos redacte nueva Constitución en vez de ratificar la que está escribiendo la Convención”.
En todo el diario, de hecho, no apareció ninguna nota sobre lo ocurrido en el Congreso, algo que se había logrado tras intensas negociaciones lideradas por el gobierno. La única nota que mencionaba los movimientos en el Parlamento era una entrevista a un diputado del Partido por la Democracia, sector de centroizquierda que formaba parte de la ex Nueva Mayoría, en la que afirmaba que “la agenda ha fluido” gracias a que el ministro encargado de la relación con el Legislativo y mano derecha de Boric, Giorgio Jackson, estaba “menos involucrado”.
El panorama en La Tercera, el otro principal diario del país, era similar: de titular central, las resoluciones de la Convención sobre la restitución de tierras a los pueblos indígenas. Dentro del periódico tampoco venían reseñas sobre lo ocurrido en el Congreso, aunque sí había contenidos referidos al proceso constituyente, con frases como “los arrepentidos del Apruebo” y con “consejos y críticas” de la diputada española del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, una figura conocida en su país por sus cuestionamientos al feminismo y los “movimientos identitarios”. Había, eso sí, una nota enfocada en el presidente, en la que Boric advertía, al inicio de su gira por la Región de Magallanes, su lugar natal, que todo su período “va a ser muy difícil”.
El factor constituyente
El empalme de la nueva administración con el proceso constituyente y, en el caso de Boric, el hecho de que su proyecto se entrelace simbólicamente con el plebiscito. Su figura, han reconocido varios analistas, empezó a erigirse como presidenciable cuando firmó el proyecto para habilitar un proceso que llevara a la redacción de una nueva Constitución, algo que en ese momento de 2019 su partido no apoyaba debido a las características del acuerdo. Él ha sido, por lo tanto, una cara visible de la intención de renovar la carta magna.
El camino a la nueva Constitución –que parecía pavimentado cuando explotó el estallido social en 2019 y cuando la opción fue aprobada por 78% en 2020– hoy aparece como una incógnita y se anticipa un resultado “estrecho”, en medio de encuestas que muestran el Rechazo como una alternativa al alza y una cobertura comunicacional dominada por los grandes grupos mediáticos, que incluso se han declarado contrarios al proceso constituyente o al trabajo de la Convención en sus editoriales.
A la Convención Constitucional le quedan menos de dos semanas para aprobar las normas, luego viene una etapa de armonización del texto y finalmente será votado en un referéndum de voto obligatorio –Chile tiene desde 2012 voto voluntario– el 4 de setiembre de 2022. La campaña, se anticipa, será dura, y para ella el gobierno tendrá las manos relativamente atadas: la Contraloría General de la República se pronunció y el Ejecutivo tendrá la obligación de ser neutral ante la elección, lo que significa que no podrá destinar recursos públicos ni horas laborales a promover ninguna de las dos opciones.
Boric ha dicho que su deber será garantizar una campaña informada y que “la Constitución no es un capricho del gobierno”, pero el escenario se vislumbra complejo. En medio de la incertidumbre, el presidente cuenta todavía con una garantía: en la calle sigue recibiendo múltiples muestras de cariño. De hecho, su gobierno poco a poco ha hecho retroceder las vallas que separaban a La Moneda de esa alameda que, en su discurso de triunfo, un emocionado Gabriel Boric prometía abrir.
Consuelo Ferrer / Periodista de la Universidad de Chile
