|Jueves, Diciembre 1, 2022
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Sobre narcotráfico y crimen organizado 

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El Gobierno de Gabriel Boric se encuentra elaborando una Estrategia Nacional de Integridad Pública. El pasado 14 de junio, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia convocó a un grupo de representantes de la sociedad civil y de la academia a compartir sus ideas sobre las prioridades a desarrollar. Las autoridades enfatizaron la necesidad de poner atención, entre otros puntos, en la función pública, integridad, probidad y transparencia.

No cabe duda que la elaboración de una estrategia como la que se señala requiere del concurso de un amplio número de actores que concurran en consensuar y priorizar una agenda de por sí extensa. En esa ocasión, tuve la oportunidad de realizar un breve planteamiento sobre los desafíos que implicaba esta agenda y que desarrollaré con mayor detenimiento a continuación.

Una cuestión fundamental a considerar en el diseño de una agenda de integridad pública se refiere al contexto político y social que enfrentamos. Un adecuado diagnóstico permitirá establecer prioridades y énfasis en una política de por sí multisectorial. De hecho, cuando se estableció la Comisión Engel, en el año 2015, se vivía un momento particular en la política chilena, dado que los principales temas que se enfrentaban en la agenda de probidad se referían a los escándalos por el financiamiento electoral y los escándalos de colusión de las grandes empresas. Así, el primer argumento en ese entonces para establecer dicha comisión fue la preocupación por los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción relacionada con el vínculo empresas-política.

Tampoco debe sorprender que los avances más relevantes en la agenda de probidad y anticorrupción post-2015 precisamente atendieron cuestiones relacionadas con el financiamiento de la política, transparencia de los partidos políticos y regulación de los conflictos de intereses. Naturalmente, el contexto político y social delimitó esas prioridades en la discusión legislativa.

La situación sociopolítica actual es un tanto diferente. No cabe duda que subsisten desafíos asociados con la concentración económica que establecen la necesidad de avanzar en reformas que promuevan mercados más fiscalizados y transparentes. También se advierten desafíos en relación con los partidos políticos y respecto del funcionamiento de la administración pública. Pero hoy existe un relevante elemento que fue menos considerado en tiempos pasados y que sin duda altera de modo sustantivo las relaciones de poder en la sociedad. Me refiero al narcotráfico y el crimen organizado.

Este es un fenómeno de carácter transnacional y que debilita de modo considerable las capacidades institucionales, afectando al sistema de justicia, el trabajo de las policías, y del aparato estatal a nivel local y nacional. Sus manifestaciones son cada vez más evidentes en Chile e involucran tráfico ilícito, lavado de activos, fraudes, robos, secuestros, corrupción y extorsiones.

Si aceptamos que este fenómeno constituye una amenaza relevante y cierta, entonces las prioridades de cualquier política pública deben atender a cinco áreas cruciales: primero, profundizar las políticas para rastrear, identificar y sancionar el lavado de activos. El plan de Gobierno de Boric plantea precisamente la necesidad de establecer una unidad de inteligencia financiera capaz de detectar flujos irregulares y que incluye hacer conversar las distintas fuentes de información en materia financiera que existen hoy. Detectar y desarmar la estructura de financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado es quizás la tarea más fundamental, pues afecta al corazón del sistema de reproducción de la actividad ilícita.

Segundo, se debe fortalecer sustantivamente el trabajo de las policías en la prevención y persecución de estos delitos. Una de las mayores dificultades es la vulnerabilidad que enfrentan las instituciones de orden público que se ven altamente expuestas al tráfico de influencias y la corrupción por la capacidad económica de los narcotraficantes y sus asociados. Al respecto, junto con fortalecer las capacidades de respuesta policial para la prevención e investigación, se necesita también establecer mecanismos de control interno/externo eficaces para prevenir la corrupción de los funcionarios policiales.

La experiencia que brindan otros países es que la fuerza policial es el eslabón más débil en una cadena de corrupción y que involucra tráfico ilegal de armas, tráfico de influencias, pago de narcotraficantes a policías, extorsiones, amenazas, etc. La reforma policial debe considerar el establecer un adecuado sistema de controles que reduzca este tipo de vulnerabilidades. Estas políticas deben extenderse a todos aquellos funcionarios (civiles, policiales y militares) que trabajan en la cadena de distribución de drogas y que incluye puertos, control marítimo, control fronterizo terrestre y aéreo.

Tercero, se deben fortalecer y expandir las capacidades  de investigación de la Fiscalía y en particular la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, delitos medioambientales y crimen organizado.

Cuarto, desde el punto de vista del aparato estatal, son las municipalidades las instituciones más vulnerables y quizás más sensibles ante este flagelo. No es casualidad que, en el informe de la Comisión Engel, la primera prioridad se refirió al fortalecimiento de la probidad en los municipios. Lamentablemente, se trata del área de política pública que menos avances ha observado, desde el año 2015 a la fecha, en materia de reformas para prevenir la corrupción.

Finalmente, y aunque no se relaciona con las actividades del narcotráfico, otra área sensible en la actual agenda de probidad se refiere a la necesaria reforma del sistema de adquisiciones militares. El Gobierno anterior envió un proyecto de ley para regular las compras militares, pero dicho proyecto duerme en el primer trámite del Senado. Se trata de un sector particularmente sensible y que requiere un mejoramiento sustantivo en términos de procedimientos y supervisión ministerial.

Las prioridades descritas implican considerar siempre una dimensión internacional, por cuanto no hay forma de enfrentar estos temas sin el concurso de la cooperación entre diversos Estados. Se debe fortalecer una alianza intergubernamental que profundice los acuerdos ya existentes en estas materias y que permitan compartir más información relevante entre Estados. De este modo, la agenda de integridad pública debe poner foco en lo que es la principal amenaza a las instituciones democráticas, el buen gobierno y la probidad.

Claudio Fuentes / Doctor en Ciencia Política

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