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¿Nueva versión de la ‘Seguridad Nacional’? 

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Eliminar la autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas asignándoles una apropiada inserción constitucional en un orden democrático, ha sido y es un desafío permanente en América Latina.

En cada país de la región se ha ampliado o estrechado el espacio político para suprimir esta autonomía. Se amplió en Chile durante la Convención Constitucional, cerrándose, temporalmente, después del rechazo de su propuesta de nueva Constitución. Se ha abierto en Colombia con la propuesta de paz integral de Petro. Se ha avanzado en Argentina con la nueva política militar de Fernández. Por el contrario, en México se ha involucionado, dándoles a  las FF.AA. nuevas tareas en la aviación, puertos y ferrocarriles, remedando así una mala política ya superada en Ecuador. Y en Brasil, a pesar del triunfo de Lula, la polarización política mantendrá a sus Fuerzas Armadas como un Estado dentro del Estado.

De esta forma, se puede apreciar que los espacios políticos no están dados, se crean gracias a la voluntad política de los gobernantes, respaldada por un apoyo ciudadano mayoritario, coadyuvante de estas reformas y su priorización.

La ‘seguridad nacional’

Un elemento clave en esta geometría variable del espacio político son las influencias internacionales sobre los gobiernos latinoamericanos y sus FF.AA. Así, durante décadas la noción de “seguridad nacional” –importada acríticamente en la posguerra desde los EE.UU., ampliada con la ideología golpista brasilera y la contrainsurgencia francesa en Argelia– justificó ideológicamente las dictaduras militares y la represión a supuestos enemigos políticos internos. En democracia, esta noción ha favorecido la autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas.

En Chile esta noción nunca ha sido constitucional ni legalmente definida, pero se ha usado ampliamente para imaginar amenazas de diferente índole, asignándole –fuera de los Estados de Excepción– roles no castrenses a las FF.AA., las que hasta hoy son constitucionalmente “esenciales para la seguridad nacional” (ver: A. Varas,  “Seguridad Nacional: un Significante Vacío”. Revista Política, Vol. 58, Núm. 1, 2020).

Así, por ejemplo, el actual proyecto de reforma constitucional que establece la misión de las Fuerzas Armadas de resguardar permanentemente las fronteras del país y mandata la creación de una policía militar de fronteras, identifica como amenazas a la “seguridad nacional”: el crimen organizado transnacional; el terrorismo; el narcotráfico; las bandas criminales; la inmigración irregular; los delitos transnacionales; el lavado de activos; los delitos cibernéticos; la trata de personas; el contrabando de mercaderías; la esclavitud sexual; el abigeato; y el tráfico de animales (ver).

Esta arbitraria definición de amenazas ha sido el fundamento de una aspiración permanente de militarización del país, a través de la organización de un sistema nacional centralizado de control político. Así, con la noción de “seguridad nacional” bajo la acepción de “seguridad ampliada”, el excomandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, ya como subsecretario de Defensa, presentó la propuesta de “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa”, en la que se especulaba que “el límite tradicional entre el concepto de seguridad exterior, vinculado a la idea de amenaza de origen estatal foráneo y naturaleza militar, y el de seguridad interior, vinculado a amenazas de origen no estatal, tiende a desaparecer en el mundo de hoy en función de un concepto de seguridad ampliada que los incluye a ambos. En términos generales, el actual escenario es más seguro, pero al mismo tiempo más incierto. Tal incertidumbre se origina en dos fuentes principales: el aumento de posibles agresores, ya que no sólo pueden ser Estados, sino también grupos criminales de diversa índole; y una multiplicidad de nuevos factores de riesgo que incluyen, entre otros, migraciones ilegales, vulnerabilidad energética, escasez de recursos naturales como el agua e inestabilidad política y social” (Consulta de S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, al Honorable Senado de la República sobre la “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa”, 2012-2024. Santiago, 28 de Junio de 2012, p.18).

La disuasión integrada

Estas ambiguas nociones de “seguridad nacional” y “seguridad ampliada” han sido modernizadas en la Estrategia de Seguridad Nacional 2022, de los EE.UU., bajo la fórmula de la “Disuasión Integrada”.

Esta se propone enfrentar a China, Rusia y otros Estados, por debajo del umbral tradicional de conflicto e implica no “depender únicamente de las fuerzas convencionales y la disuasión nuclear”, integrando los “dominios, militares (terrestres, aéreos, marítimos, cibernéticos y espaciales) y no militares (económicos, tecnológicos y de información; [la] integración entre regiones; [la] integración en todo el espectro del conflicto para evitar que los competidores alteren el statu quo de manera que perjudiquen nuestros intereses vitales mientras se mantienen por debajo del umbral del conflicto armado. Integración de todo el gobierno de los EE.UU. para aprovechar toda la gama de ventajas estadounidenses, desde la diplomacia, la inteligencia y las herramientas económicas hasta la asistencia de seguridad y las decisiones sobre la postura de la fuerza. Integración con aliados y socios a través de inversiones en interoperabilidad y desarrollo de capacidades conjuntas, planificación cooperativa conjunta en todas sus etapas y enfoques diplomáticos y económicos coordinados” (The White House, National Security Strategy, Washington D.C., October, 2022, p.22).

Esta nueva versión de la “seguridad nacional” se manifestó regionalmente en la XV Conferencia de Defensa Sudamericana (Ecuador, 14-15 de septiembre, 2022). Allí, la jefa del Comando Sur de los EE.UU. estableció que “la disuasión integrada no está centrada en lo militar; sino que combina deliberadamente las vastas capacidades y especialidades que residen en agencias gubernamentales militares y no militares, de aliados y socios, del sector privado, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales”. A partir de esta reformulación de la “seguridad nacional”, definió los dos problemas centrales de la conferencia: “El primero, la inseguridad ambiental provocada por actores no estatales y estatales destructivos como las organizaciones criminales transnacionales y las empresas estatales chinas, el mayor infractor de la pesca ilegal. El segundo, la seguridad del espacio, la cibernética y la información. Las organizaciones criminales transnacionales se están infiltrando en los sistemas informáticos y China y Rusia desestabilizan la región, potenciando el autoritarismo y socavando los principios democráticos”. Concluyó su presentación afirmando que la “Conferencia de Defensa Sudamericana es la manifestación física de la disuasión integrada”.

Esta “combinación deliberada” de temas militares, internacionales, políticos y sociales sostienen su afirmación sobre China y Rusia desestabilizando democracias en la región. Esta visión ha sido considerada insostenible, ya que “las causas de la polarización política y el declive democrático en Occidente son abrumadoramente nacionales y no pueden abordarse seriamente mediante una confrontación con Rusia y China” (Lieven, Anatol, “This is why there is no ‘China-Russia alliance’”. Responsible Statecraft, November 10, 2022).

La disuasión integrada, o “seguridad nacional 2.0”, fue así incorporada en la Declaración de Brasilia, de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (Brasilia, 25 al 29 de julio de 2022, punto 5). Afortunadamente, los ministerios de Defensa de Argentina, Chile y Perú presentaron reservas en los acápites más desafortunados de la declaración. Siguiendo estos lineamientos, las partes acordaron coordinarse para actuar en áreas tan alejadas del uso de la fuerza militar como: “6. la preservación del medio ambiente; 15. la prevención de la pesca ilegal, la caza furtiva de animales silvestres y la explotación mineral y forestal ilegal; 14. el crimen organizado transnacional, [Chile y Argentina presentaron su reserva]; y 23. flujos migratorios” [Chile, Perú y Argentina presentaron su reserva].

Esta infundada concepción de infinitas amenazas que ameritan el concurso de la fuerza militar solo es útil para mantener la autonomía corporativa de las FF.AA., dándoles crecientes roles no castrenses, debilitando la Defensa Nacional, aumentando el gasto militar, militarizando el orden social y obstruyendo el fortalecimiento de las instituciones civiles competentes en las diversas materias señaladas.

Augusto Varas / Doctor en Sociología

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