Noviembre 6, 2026

La propiedad privada es solo un derecho natural secundario

 La propiedad privada es solo un derecho natural secundario

En una columna de opinión del diario El Mercurio de Santiago de hace un par de semanas, apareció un texto firmado por Fernando Claro V. director ejecutivo de Fundación para el Progreso quien sostiene que los derechos sociales (como la vivienda adecuada, la salud o la educación) son una invención ideológica para “destruir el significado de la palabra derecho”. Califica las políticas de regulación inmobiliaria y de protección a los arrendatarios como medidas demagógicas y defiende una concepción reduccionista de los derechos, donde únicamente las libertades civiles y políticas clásicas tendrían validez.

No puedo dejar de reaccionar a esta opinión, ya que dicha postura expresa no solo una mirada técnica de la economía sino que fundamentalmente una ética del individualismo y el egoísmo extremo. Ninguna fuerza tiene la posición del autor si se compara con la Doctrina Social de la Iglesia (en adelante DSI) y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDH), por las razones que a continuación expresaré.

La perspectiva del ensayista reduce la justicia a un marco puramente individualista y de libre mercado y pretende poner a la propiedad privada como un derecho absoluto; desestima la responsabilidad colectiva frente a las necesidades básicas. La DSI, por el contrario, concibe a la persona en su dimensión comunitaria y establece que la economía debe estar al servicio del bien común y de la dignidad humana.

El autor dice que la regulación estatal de los arrendamientos o la vivienda atenta contra el orden y la propiedad privada. No obstante, el Magisterio de la Iglesia enseña de forma ininterrumpida que el derecho a la propiedad privada no es absoluto, ni intocable, sino que está subordinado al principio del destino universal de los bienes.

Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis, n° 42 y Centesimus Annus, n° 40 ( creo que nadie podría calificar a Juan Pablo II de progresista) enseña y declara la existencia de una hipoteca social sobre la propiedad privada. Los bienes de la tierra han sido creados para el disfrute de todos los seres humanos. Cuando el acceso a bienes esenciales como la vivienda se deja al arbitrio desregulado del mercado, la propiedad pierde su función social y se transforma en un instrumento de exclusión y de opresión.

Por su parte, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, n° 120-123, enfatiza que la propiedad privada es solo un “derecho natural secundario”, señala explícitamente: “El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados”. Además, en sus discursos a los encuentros Mundiales de Movimientos Populares, defendió fervientemente que es un derecho de los pueblos y las personas “las tres T: tierra, techo y trabajo” y que la vivienda no es una simple mercancía sujeta a la especulación financiera (Discurso en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares Santa Cruz de la Sierra, julio 2015 N° 2).

El Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, n° 69, recordó que “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Sean las que sean las formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás”. Por ello, las estructuras económicas que privan a las familias de un techo atentan contra la DSI y la justicia distributiva.

Desde el DIDH, el autor pretende despojar a los derechos sociales de su condición jurídica, tildándolos de “falsos derechos” o “fórmulas retóricas”. Esta afirmación ignora el desarrollo normativo y jurisprudencial del Derecho Internacional que dice exactamente lo contrario y que se ha venido consolidando durante el siglo XX y XXI.

Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993): Concretamente en la Declaración y Programa de Acción de Viena se consagra el principio fundamental de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. Pretender que existe libertad de expresión o seguridad individual cuando una persona carece de techo, agua o alimentación es una ficción jurídica. Sin el cumplimiento de los derechos sociales, los civiles y políticos quedan vaciados de contenido material.

Frente a la descalificación que hace el autor del “derecho a la vivienda adecuada”, el ordenamiento jurídico internacional establece obligaciones normativas concretas para los Estados.

El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 11.1, reconoce explícitamente el “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. El Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General N.º 4, n° 8 letra b,d,e,f, y n° 9: precisa que la vivienda no debe entenderse como un simple espacio con cuatro paredes y un techo, sino como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.

Las observaciones internacionales señalan que los Estados tienen el deber de adoptar medidas normativas para evitar que la especulación inmobiliaria expulse a la población vulnerable o haga inaccesible el arrendamiento. La regulación de precios o la protección frente a desalojos forzados sin alternativas habitacionales no son demagogia, sino mecanismos legítimos para salvaguardar la dignidad humana frente a las incompetencias y fallas del mercado.

El texto analizado sostiene una postura ultraliberal que intenta deslegitimar los avances jurídicos y morales de la humanidad. Reducir la vivienda o la protección social a “falsos derechos” contradice directamente la Doctrina Social de la Iglesia, que prioriza el bien común y el destino universal de los bienes, por sobre el lucro desregulado, y vulnera el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que reconoce a los derechos económicos, sociales y culturales como garantías fundamentales, vinculantes e inalienables de la condición humana, lo que en sí mismo constituye un gran avance civilizatorio.

Miradas como las que expresa el director de Fundación para el Progreso no hacen otra cosas que desnudar la pobreza moral y ética del modelo y de quienes lo defienden, ya que en palabras del papa Francisco: “Este sistema económico atenta contra el proyecto de Jesús”.

Fernando Astudillo Becerra / Abogado – Valparaíso, CHILE

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