Proteger la labor del Estado
Es indignante el reporte conocido de parte de la Contraloría General de la República sobre 25 mil funcionarias y funcionarios públicos que hicieron viajes al extranjero teniendo licencia médica.
Se anunció la constitución de una Comisión de Ausentismo, así como sumarios e investigaciones y la aplicación de sanciones. Esto no puede quedar en una inacción. Quienes cometieron esas repudiables actitudes deben ser sancionados e incluso destituidos de sus labores en dependencias del Estado. Ante la ciudadanía se debe mostrar una respuesta concreta a este bochornoso e inaceptable caso.
Como dijo el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, “el Estado no es una empresa, el Estado está al servicio de la ciudadanía” y quienes trabajan en el deben “ser un referente” en el país. Y señaló que “en esos abusos uno no puede perderse, tiene que ser muy claro y somos enfáticos en que si alguien ocurrió en ese daño y esa gravedad tiene que ser destituido del Estado”. En definitiva, hoy son, precisamente, instituciones del Estado las que deben responder ante el pueblo con severidad y efectividad y quitar cualquier sombra de impunidad o relativización.
Junto a lo anterior, en las últimas semanas aparecieron informaciones en medios de prensa y redes sociales respecto al cobro de millonarios montos por concepto de “horas extraordinarias” en ministerios, subsecretarias, alcaldías y otras instancias, el pago millonario de indemnizaciones o retiro a funcionario del Congreso, al mal uso de recursos públicos en varias municipalidades y el caso ProCultura salpica entidades estatales.
No hay que olvidar que en los últimos años, la ciudadanía fue testigo de multimillonarios delitos cometidos por altos mandos de Carabineros y del Ejército, personal y entidades que pertenecer al Estado y que deben responder por sus actos como servidores públicos, a lo que se agregan delitos financieros y administrativos de alcaldes, jefes de servicio, fiscales y profesionales que pertenecían o pertenecen a instituciones del Estado.
En este marco, sectores de la derecha y la extrema derecha, volvieron a la carga en la línea de reducir las entidades y los puestos de trabajo en el Estado, de paso minimizando y desacreditando la necesidad e importancia fundamental de las instituciones estatales en el desarrollo del país en distintos ámbitos, entre otros, como garantía de la materialización de derechos de la gente.
Frente a sucesos y situaciones conocidas, lo que cabe es fortalecer el buen funcionamiento del Estado. Eso incluye mejorar ostensiblemente las capacidades de gestión y control, reforzar criterios de probidad, transparencia, éticos y de desarrollo administrativo, y combatir tendencias y acciones corruptas, permisivas, irregulares y condescendientes.
Por cierto, ir al origen de las circunstancias que permiten, por ejemplo, que miles de empleados públicos cometieran una falta, un fraude, en el mal uso de licencias médicas o pudieran obtener enormes recursos por horas extraordinarias no siempre bien transparentadas.
Las instituciones del Estado y los funcionarios públicos tienen la alta responsabilidad de garantizar la materialización de políticas públicas, de implementar proyectos de beneficio social y humano de la población, de brindar servicios necesarios para la vida cotidiana de las personas, de trabajar para proporcionar salud, educación, seguridad, vivienda, servicios y desarrollo al país, a chilenas y chilenos. En ello no debe tener cabida ni la desidia, ni la irresponsabilidad, ni el fraude y la estafa, ni prácticas abusivas, ni la falta de gestión y control. Tampoco que se aniden prácticas nepotistas, de defensas corporativas y mucho menos de complacencia por cercanías de militancia política.
Precisamente, los sectores más reaccionarios del país quieren alimentar y aprovechar las malas prácticas y las ineficiencias dentro del Estado, para reducirlo, invalidarlo, desacreditarlo, aplicarla motosierra o serrucho, con la clara intención de dar más poder y atribuciones al sector del gran empresariado, los grandes consorcios financieros y de poderes fácticos. Omitiéndose los conocidos casos de corrupción, desfalcos, cohecho, colusión, tráfico de influencias, fraude al Fisco, entre otros delitos, en que han estado comprometidos connotados empresarios y directivos, conocidas empresas y grupos financieros, oficinas de abogados, y otros elementos del sector privado.
También frente a estos contextos, surgen voces peligrosas tendientes a reducir derechos laborales y sociales de quienes laboran en el Estado, derechos que hay que fortalecer y defender, sobre todo pensando en las mujeres y hombres que entregan su trabajo de manera responsable y eficaz.
En este marco, es fundamental que las trabajadoras y los trabajadores comprendan la necesidad de proteger y potenciar la labor del Estado. Quienes actúan como los que hicieron uso indebido de licencias médicas, desprotegen la labor estatal, la desvirtúan, hace un daño al país y no deben estar en esta actividad laboral.
En cualquier país desarrollado y estable, donde sobre todo se garantiza el desarrollo y el bienestar, independiente de las características ideológicas y políticas de sus gobiernos y parlamentos, se cuida el funcionamiento adecuado y probo del Estado. Eso es lo que corresponde en Chile y para ello no sólo hay que garantizar su efectivo funcionamiento, tomando incluso medidas para que sea más eficiente, sino que hay que velar porque todas y todos quienes laboran en entidades estatales, actúen con profesionalismo, honestidad y compromiso de servicio público.
“El Siglo” / Editorial – Santiago de Chile 5/2025.
