|Miércoles, Octubre 27, 2021
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Chile y la extrema urgencia Climática 

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Quedan 10 años solamente para poner en práctica giros sociales y políticos mayores, y los 4 primeros, cruciales para el futuro, serán del próximo gobierno.

Es bajo el signo de la urgencia climática o desastre ambiental, y del desafío sanitario, desde una perspectiva democrática en Chile, que habrá que gobernar. Diez años para tomar medidas que mitiguen el impacto de estas crisis sobre la sociedad afirman, pesimistas, un grupo de intelectuales y expertos comprometidos con el cambio social: “Es bien tarde para pasar a la acción, pero supongamos que nos quedan 10 años para enfrentar el mundo tal como ha devenido, a saber cada vez menos favorable a nuestras existencias, y a las de los otros seres vivientes”.

Los programas de gobierno de las actuales candidaturas son en extremo timoratos con respecto a la manera de enfrentar el cambio climático y a su impacto sobre la vida de los seres que habitamos la única “Casa Común” de la especie humana, es decir el Planeta Tierra. Pues arde. Y eso que estamos viviendo sus efectos, o somos espectadores de la enormidad de la catástrofe ambiental en otras latitudes. Quienes se plantean ser la “generación política de recambio” no muestran la suficiente audacia y previsión en el plano de las ideas y las tareas ecológicas. Menos se atreven a plantear la necesidad imperiosa de cambiar de estilo de vida y sostener el criterio de la igualdad social ante el principio liberal-capitalista de la “movilidad social” individual o la “meritocracia”. Las vanguardias generacionales institucionalizadas no poseen los marcos conceptuales para criticar de fondo el modo de producción capitalista y depredador que domina en el planeta por temor a ser declarados “ultrones”, y tener que enfrentar la embestida de las derechas neoliberales, la oligarquía empresarial, las transnacionales extractivistas, así como sus medios especialistas en cambiar el foco de las prioridades.

Pese a todo lo vivido, la vieja “ideología del capital”, como la llama Thomas Piketty, campea en el inconsciente profundo de algunas elites políticas juveniles de corte tecnócrata, y opera en forma de esquemas de la percepción que se materializa en fórmulas vagas para atraer al “centro político”, signo de moderación. Pretexto para sacar certificado de buena conducta ante la oligarquía empresarial.

Hasta el momento, todas las candidaturas en sus programas quieren “priorizar” la economía después de la pandemia y para eso utilizan los dos términos mágicos del productivismo neoliberal: crecimiento y consumo, y para parecer de centro y “progresistas” utilizan la palabrita mágica “equidad”. Por supuesto que hablan de “sustentabilidad” y de proyectos y empleos “verdes”, pero eso ya no basta. Hoy estamos ante un dilema que deberá dirimirse en la nueva Constitución: o los cambios necesarios y urgentes los vamos a decidir de manera democrática, para que todos, los y las habitantes del territorio nacional, vivan de manera justa las cambios incontrolables que se producirán, así como las urgentes transformaciones económicas, laborales, de género, sociales, ambientales y sanitarias que habrá que operar para que el impacto en la vida social del torbellino de efectos reactivos naturales sobre la vida humana sea compartido; o las medidas serán impuestas por un grupo de tecnócratas de manera fuerte, en nombre de la ciencia y la necesidad, y aconsejadas por los poderes globales FMI, Banco Mundial, OCDE, etc.

Chile vive un momento privilegiado para optar por giros bruscos y urgentes y construir la institucionalidad adecuada en medio de una coyuntura mundial delicada. La vieja Europa/Occidente — para comparar nomás, aunque hacerlo no sea necesariamente razonar — está atónita ante su fragilidad natural. Y en el plano cultural, le pesan los siglos de barbarie, fascismos, colonialismo, racismo, militarismo e imperialismos. ¿Y quiénes en Chile se reconocían en la vieja dupla antes de mirar a Chicago?

El proceso constituyente — salido directamente de la lucha popular — tomó un rumbo que debería ser sostenido. La Constitución que de ahí salga debe facilitar como sociedad poder encarar la urgencia sanitaria y climática a partir del principio imperioso de la justicia social y de la deliberación la más democrática de toda la sociedad. Habrá que poder tomar medidas y decisiones que los grupos oligárquicos van a atacar con todo el poder del que disponen. Sus intelectuales orgánicos y medios intentarán defender en nombre de las instituciones y de la “propiedad privada”, que ellos sacralizan y absolutizan, el funcionamiento de relaciones sociales y de un modo de producción que de dejarlos perpetuarse nos lleva directo al precipicio. En el contexto actual, de urgencia social y civilizatoria, el denominado derecho de propiedad debe ser relativizado en nombre del principio democrático del interés general y del acceso igual y justo a bienes sociales comunes como el agua, techo, electricidad, aire bueno, alimentación, cultura, educación, salud, etc. E incluso contemplar la gratuidad. De lo que se desprende la importancia que en el debate constitucional y en el contenido de los programas de gobierno deben jugar las organizaciones de trabajadores.

Son innumerables los estudios y teóricos que plantean que la gran propiedad privada se ha transformado en un freno para la vida buena de los pueblos y sociedades. Para que un nuevo contrato social sea legítimo, todo debe estar sobre la mesa de discusión bajo el principio que lo público y social prima por sobre lo privado y patrimonial. Vivimos tiempos de urgencia.

Leopoldo Lavín Mujica / Periodista

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