|Martes, Marzo 9, 2021
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Michelle Bachelet: “Violaciones graves de los DD.HH. en Chile” 

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El informe realizado por la ACNUDH corresponde a una visita de la entidad a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre de 2019. Fue en base a sus resultados que la jefa de la entidad de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró a una fiscal chilena que desde el “18 de octubre se produjo un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”

Este lunes se dio a conocer la respuesta de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, a nueve preguntas realizadas por la fiscal chilena, Claudia Perivancich.

Las preguntas enviadas en octubre de 2020 llegaron respondidas en un oficio de siete páginas el 10 de diciembre pasado. En él, la ex presidenta reveló que la oficina regional de ACNUDH no logró reunirse nunca con “altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a (ella)”. Asimismo, expuso la negativa del Ministerio de Salud de Jaime Mañalich para “garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud” en las manifestaciones.

Las consultas de la fiscal surgieron en medio de la tramitación de más de veinte querellas contra autoridades por crímenes de lesa humanidad luego del 18 de octubre de 2019. Entre ellas, las presentadas en contra del presidente Sebastián Piñera y los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

La Misión en Chile

La oficina regional de ACNUDH trabajó en Chile desde el 30 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2019. Mientras que los resultados de su informe fueron liberados recién en diciembre de ese año. Esto, cuando al menos dos agencias internacionales (Human Rights Watch y Amnistía Internacional) ya reportaban violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, no fue hasta que se liberó este informe que Naciones Unidas se pronunció al respecto. En una declaración que reveló como primer hallazgo la existencia de estos crímenes, ejecutados sobre todo por las fuerzas represivas. “Carabineros y el Ejército no han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza”, señala.

Asimismo, la mayoría de estas vejaciones se relacionaron con un “uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales (…) durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad”. Aquello, pese a la existencia de protocolos.

Por su parte, verificaron al menos cuatro casos de personas asesinadas o fallecidas producto de un actuar policial. Entre ellos, el caso de Romario Veloz, a quien le disparó un militar en La Serena. A estos crímenes se suman las graves lesiones en contextos de protesta, como las cerca de 350 personas con traumas oculares registradas hasta ese minuto. Tal como ocurrió con Gustavo Gatica, quien perdió la visión.

Finalmente, la misión también logró recopilar información sobre 133 casos de tortura y/o malos tratos por parte de Carabineros. “La mayoría de estos casos tuvieron lugar durante el arresto, el traslado a los centros de detención o durante la detención”, apunta. Además de 24 casos de violencia sexual.

Recomendaciones de la ACNUDH

Según aseguró la alta comisionada Bachelet, actualmente se encuentra en curso la confección de un informe que expondrá el cumplimiento de las autoridades chilenas a las recomendaciones hechas por la oficina regional.

La entidad realizó 21 apuntes al gobierno. Entre las sugerencias más destacadas al Estado de Chile, está el “impulsar reformas estructurales” a Carabineros. Aquello, para asegurar el respeto de las normativas internacionales en derechos humanos. En ese sentido, también le pidió “asegurar que las fuerzas de seguridad adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas (y el reconocimiento) de violaciones de derechos humanos”.

Relacionado a las víctimas de estos crímenes, solicitó un “acceso, sin cargo, a asistencia legal relacionada con las denuncias (…). Las víctimas deben ser reparadas de forma integral por las violaciones sufridas“, recomendó.

Por su parte, añadió la necesidad de adoptar medidas para que “las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, así como personas que brindan asistencia en el contexto de las manifestaciones, puedan llevar a cabo su trabajo sin restricciones ni temor a represalias”.

Agustín Alvarado  –  La Voz de los que Sobran

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